La consejera de Familia, Alicia García, y responsables de Cáritas, Cruz Roja, CERMI CyL y Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Castilla y León han renovado el frente "de Comunidad" para apoyar a la Junta en su objetivo de que el nuevo modelo de reparto de ese 0,7 por ciento del IRPF, con un tramo nacional y otro regional, "no se pierda ni un euro de lo que se recibía".

 

Se trata de un nuevo modelo mixto para gestionar la recaudación del 0,7 por ciento del IRPF destinado a fines de interés social, con un tramo estatal y otro autonómico, para dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 19 de enero de 2017 que trasladó a las autonomías la gestión de la financiación de las ONG.

 

La Junta y el Tercer Sector reclaman que Castilla y León siga contando con el 10,45 por ciento del montante global, más veinte millones de euros en 2017, que García ha confiado que se apruebe, el total para las autonomías y su reparto, antes de junio en Consejo de Ministros para que las asociaciones del tercer sector beneficiaras en la Comunidad, 156 en 2017 con 407 programas, puedan contar con los fondos como muy tarde en enero del 2019.

 

Con un mensaje de unidad, y también de llamada a que los contribuyentes marquen la casilla de fines sociales de la declaración de la renta, ese 0,7 por ciento del IRPF que se traduce en solidaridad con los más vulnerables, el acuerdo ha contado con el respaldo de los responsables en la Comunidad de Cruz Roja, José Varela; de CERMI CyL, Francisco Sardón; la coordinadora de Cáritas regional, María Jesús Díez; y el de EAPN, Daniel Duque.

 

A la par han respaldado la orden que hoy publica el boletín oficial de la Comunidad, y a la que ha contribuido el tercer sector, en la que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades regula las subvenciones que para programas de interés general recibirán las entidades del tercer sector de Castilla y León con cargo a ese 0,7 por ciento del IRPF.

 

Información de EFE publicada en La Vanguardia